FUNDAMENTACIÓN
El llamado proceso de “descentralización”
que se ha venido realizando en nuestro país ha sido un proceso de
transferencias de problemas hacia los municipios y las comunidades,
consistente, básicamente en que la gente a través de mecanismos de
“autogestión” y “participación ciudadana” asuma la responsabilidad y los costos
de operación y distribución de los servicios básicos y la política social de
salud y educación del Estado, afirma el comunicado. Señala que el proceso de transferencia de
responsabilidades propias del Estado hacia niveles locales responde a la vieja
concepción neoliberal del Estado regulador y gestor del mercado que se
desentiende de los factores fundamentales impulsores del desarrollo nacional,
tales como las políticas relacionadas con la promoción de la producción tanto
agrícola e industrial, así como las políticas redistributivas y de desarrollo
social relacionadas con el acceso a los servicios básicos, la educación y la
salud. 

Agrega que esta concepción es parte de las ideas de “achicamiento del Estado”
que busca con este mecanismo debilitar al Estado Nacional de nuestros países
frente a los Estados Nacionales de los países imperialistas y frente al poderío
de los grandes monopolios transnacionales. Afirma que con esta concepción, el
“achicamiento del Estado” no sólo se entiende en el marco de la transferencias
de los bienes, los recursos físicos y humanos, y la operación de las políticas,
sino también la fragmentación de las decisiones a su escala mínima local, mientras
que los países poderosos y las grandes empresas multinacionales se unen y
manifiestan sus intereses tomando decisiones a escala mundial.
Sostiene que todo lo anterior se corrobora claramente con
el propósito del “Proyecto de Ley Marco de la Descentralización”
cuando define “las instituciones y materias” sujetas a la “descentralización”,
tales como: Salud Pública y Bienestar Social, Educación y Cultura, Industria y
Comercio, Agricultura y Ganadería; Obras Públicas; Transporte y Comunicaciones,
Justicia y Trabajo, Medio Ambiente, Vivienda, Acción Social, Mujer, Niñez y
Adolescencia. Resalta que al mismo tiempo, el proyecto de
ley establece “la prohibición de la descentralización” de los organismos de
seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
así como todo lo relacionado a la macroeconomía, entre ella la política
monetaria. Es decir, “el proyecto de ley despoja a la Administración Central
del Estado paraguayo de todas las funciones sociales, productivas, de
generación de empleo y de desarrollo en general, fortaleciendo solamente su
función represiva y de adecuación a las políticas económicas internacionales”. 

El posicionamiento señala que el proyecto de
ley “va muy lejos en sus pretensiones, al plantear a nivel del Gobierno
Nacional el desmantelamiento de los ministerios de Salud y Bienestar Social,
Educación y Cultura, Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Obras
Públicas y Comunicaciones, y Medio Ambiente. Esto, “transfiriendo gratuitamente
los bienes de dominio público, bienes muebles o inmuebles, titulados a nombre
del Poder Ejecutivo o de sus Ministerios, Secretarías o dependencias”, los
recursos físicos y humanos, así como la totalidad de la realización de sus
fines, a las instancias de gobierno departamental y municipal.
 
Sostiene que el objetivo económico de este planteamiento se corrobora en varios
artículos cuando se busca la “cofinanciación” de los programas y proyectos,
planteando que “las instancias descentralizadas, con participación de la
población organizada e instituciones, son competentes para ejecutar proyectos
en obras de infraestructura y de servicios públicos nacional mediante un
sistema de cofinanciación”, expresándose claramente el interés de apartar al
Estado Nacional de la esencia de su responsabilidad pública y social.

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