Informe de la Misión de
Observación sobre las represiones ocurridas en Caaguazú a miembros de
la
Federación Nacional Campesina
(FNC)

Elaborado por BASE Investigaciones
Sociales (BASE IS) – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY).

Desde el 22 de junio de 2009, unos
800 integrantes de la
FNC acampaban al costado de la Ruta
7,
a la altura del kilómetro 179, barrio Toro Blanco
de la ciudad de Caaguazú. Allí realizaban cortes de ruta intermitentes,
como mecanismo de presión al gobierno para el cumplimiento de sus
demandas y también como medio para dar a conocer la realidad del
campesinado a la ciudadanía en general. Entre sus principales demandas
se encuentran: la condonación de las deudas de los pequeños productores
que, ante la sequía y la baja de los precios de los productos, viven en
la desesperación ante la posibilidad de perder todo lo que tienen; la
reforma agraria integral como prometió el actual gobierno en su campaña
electoral y que incluye, la distribución de tierra, la dotación de
infraestructura a las comunidades, la facilitación de servicios de salud
y educación, entre otras cosas. 

El domingo 5 de julio, a pocos
metros del campamento, se produce un violento asalto a un comercio, que
termina con la muerte del propietario. Según testigos desconocidos,
luego de ocurridos los hechos, los maleantes ingresaron a las carpas de
la
Federación, con una escopeta que robaron del comercio.
Llama la atención que pretendan esconderse a escasos metros de donde
cometieron el delito, y además, que según muchos campesinos
entrevistados, el comerciante de la zona solía prestar ayuda a los
acampados en la ruta.

El lunes 6, a las 7.20 de la
mañana, se presenta la fiscala Fanny Villamayor y otros dos fiscales,
acompañados de un escuadrón de la policía para catear el campamento, en
busca del rifle perdido, que sería la evidencia del crimen. El operativo
comienza con toda violencia (algo extraño para un trabajo que debería
ser de inteligencia y no de fuerza bruta), y los campesinos y campesinas
son dispersados por la ciudad de Caaguazú, donde comienzan a ser
perseguidos y violentados por la policía. La policía no respetó
territorio, edad, sexo ni condición física de las personas para
reprimir. A quien alcanzaban, pegaban con salvajismo, sea anciano, mujer
o discapacitado. Según oficiales de la policía quien daba órdenes de
ejercer violencia era la fiscala Fanny Villamayor.

Luego de haber sido dispersados,
los manifestantes se volvieron a reagrupar en la plaza principal de
Caaguazú, donde de nuevo la violencia policial entró en acción. Fueron
hasta la
Iglesia, pero, al parecer, la orden de dispersar la
movilización era tan clara que hasta allí siguió la persecución del
aparato represivo. Finalmente encontraron una zona franca, luego de
negociaciones con el Intendente municipal, en el tinglado municipal de
la ciudad, donde permanecen hasta ahora.

El saldo del operativo fue de
varias decenas de heridos, entre los que se cuentan mujeres, menores de
edad, ancianos mayores de 70 años, discapacitados. Unas 50 personas
fueron detenidas e imputadas por “Resistencia” y “Exposición a riesgos
comunes”. La única resistencia que hubo, según mencionan los campesinos
fue contra las cachiporras, los balines, los caballos de la montada. Una
resistencia por defender la propia integridad física. Además, como en
otros casos, las víctimas denuncian el saqueo de sus bienes personales,
entre los que se pueden contar celulares, dinero en efectivo, frazadas,
colchones y otras cosas.

Llamativamente, y para concluir
con las incoherencias de la fiscalía y las fuerzas policiales, en la
tarde del mismo lunes 6, otros dos campamentos de la FNC fueron reprimidos y
dispersados. Uno, a 15km de Caaguazú, en dirección a Asunción, en la
calle Paraguarí, donde había 100 campesinos/as que al ver venir a la
policía se adentraron hacia la comunidad Kurusú Araujo, a 7km de la ruta
internacional. Hasta allí fueron perseguidos y nuevamente violentados.
El otro, a 20km de Caaguazú en dirección a Ciudad del Este, en la
localidad de Vyra’ygua. Sobre el caso no se tienen informaciones
precisas, pero, el procedimiento habría sido el mismo.

Las
imágenes son testigos de la violencia salvaje utilizada por la policía y
alentada por los fiscales. Bajo ningún punto de vista se puede seguir
justificando este tipo de operativos por parte de la policía. Urge
purgar el aparato fiscal y la justicia, al mismo tiempo que la cabeza
del Ministerio del Interior debe entrar en razón, para recordar y
respetar los Derechos Humanos reconocidos por el Estado
paraguayo.