A
LA OPINION
PÙBLICA

La
brutal represión policial registrada el lunes 06 de julio en Caaguazú en contra
de los manifestantes de
la Federación Nacional
Campesina (FNC), constituye una grave violación de los Derechos Humanos
elementales que creíamos una etapa superada en el país a partir del 20 de abril
del año pasado, en que supuestamente se produjo un cambio del régimen
político.

El
Comité de Iglesias, como entidad ecuménica que trabaja en varios departamentos
del país, especialmente con productores rurales de familias campesinas, lamenta
profundamente que el Gobierno del Presidente Fernando Lugo no haya encontrado
una respuesta más apropiada a las demandas populares que la represión salvaje y
el aumento de los desalojos violentos.

Expresamos
nuestra solidaridad con las organizaciones campesinas que buscan afanosamente,
desde hace décadas la implementación de la reforma agraria, así como también con
las personas que resultaron golpeadas, agredidas y atropelladas en su dignidad
por el hecho de protestar y resistir un supuesto cateo para buscar al autor de
un asesinato en la zona.

Reiteramos
nuestra postura de exigir a las autoridades el cumplimiento irrestricto de las
normas vigentes en materia de derechos humanos y exhortamos a los responsables
de las instituciones que tienen la misión de dar respuestas, a ocuparse con
mayor celeridad de los problemas sociales para que puedan conservar el crédito
ganado en las últimas elecciones.

Nuestra
institución está siempre dispuesta, así como todas las demás organizaciones
fraternas de la sociedad civil, a colaborar para construir políticas públicas,
diseñar estrategias de intervención y desarrollar programas de apoyo a las
familias campesinas en su afán de abandonar la pobreza y la inequidad
social.

Definitivamente
estos problemas no se resuelven con la represión y menos aún con el modelo
implementado por la última dictadura de tratar de desarticular las
organizaciones populares.

Asunción
8 de julio de 2009.